El colectivo de L@s Invisibles de El Puerto de Santa María entregó durante el mes de octubre más de 45 lotes de material escolar individual y dos cajas de material para futuras necesidades, repartidos por 5 centros de Primaria, así como 35 lotes de material para Secundaria para el alumnado de dos institutos locales. Se ha apoyado económicamente para el material escolar de algunos de los jóvenes insertos en la Red de Acogida a Personas Inmigrantes y se ha dotado de material a un alumno de Grado Medio.

Para sufragar el gasto se han recogido, en apenas un mes, donaciones por valor de 1.760 euros, un 10% más que en la campaña del año pasado, lo que nos ha permitido llegar a un nivel similar de lotes a pesar de la gran subida de precios de los materiales. La mayoría de las donaciones han sido de 25 euros, aunque las hubo mucho más modestas y mucho más amplias.

Queremos agradecer de nuevo la colaboración de la comunidad educativa – las maestras y maestros, los equipos directivos, fundamentalmente- que han sido nuestros ojos y nuestras manos en los centros detectando las necesidades y ayudándonos en las donaciones y el posterior reparto. En el colectivo de L@s Invisibles no tenemos otra manera de detectar la precariedad familiar. Sabemos que no es una tarea fácil y menos en los comienzos de otro curso tan difícil como este que avanza. Gracias. Otros centros han declinado nuestra oferta porque han conseguido atender los casos más precarios con recursos propios.

Cuando finaliza nuestra campaña, aparece la campaña de la Junta de Andalucía, ya anunciada en septiembre, prometiendo el cheque de cien euros “para las familias vulnerables” que no superen los 15.000 euros de ingresos. Esta ayuda llega tarde y mal. Los gastos de material escolar se realizan, no puede ser de otro modo, a principios de curso y las ayudas de esta convocatoria se recibirán, si acaso a finales de este primer trimestre o a principios del siguiente siendo muy optimistas. Sus recursos son limitados, y solo permitirán atender – tarde y mal – a una parte de las familias andaluzas necesitadas.

«Los datos más recientes en Andalucía señalan un aumento de niños y adolescentes que sufren carencia material extrema, que ha pasado de afectar al 5,9% de la infancia en 2020 al 9,3% en 2021, situando a muchos niños y a sus familias ante una situación de carestía como pocas veces antes se había visto en el pasado reciente andaluz», afirma Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

Pero es infame que en el mismo paquete se incluya una deducción de hasta 150 euros, superior a la cuantía del cheque ayuda, para “clases extraescolares de idiomas o actividades tecnológicas”, sin límite de cupo, que están dirigidas hacia una franja de familias con niveles de ingresos muy superiores a las “familias vulnerables”. La formación adecuada en tecnologías e idiomas debe ser parte sustancial del currículo de la educación pública, no un negocio para las academias privadas. Todas las deducciones en este sentido, nos tememos, fomentan el negocio de unos pocos y terminarán por mermar los recursos presupuestarios necesarios para una educación pública de calidad.

El colectivo de L@s Invisibles agradece este gesto solidario de la gente portuense, aunque algunas donaciones hayan llegado de las Islas Canarias, Cataluña o Sevilla. Este esfuerzo, como el que se organizó para hacer llegar alimentos y productos de primera necesidad durante el confinamiento de la pandemia, son expresiones de la ternura popular. “Solo el pueblo salva a el pueblo” nos repetimos con frecuencia, pero no olvidamos que es el deber de las administraciones – de todas las administraciones – garantizar el derecho a la vivienda, la vida digna, la alimentación, la sanidad y la educación en pie de igualdad. Y la existencia de tantísimo alumnado que necesita esta ayuda para iniciar el curso es una muestra de que la gestión de la protección pública de “las familias vulnerables” sigue muy deficitaria y es cuando menos inmoral convertir el necesario apoyo a estas familias en una excusa bajo la que ocultar la puesta en disposición de los recursos públicos para aquellos núcleos familiares que los necesitan menos.