En un estado de derecho los juristas asumimos una especial relevancia pues somos estudiosos y enseñantes de las ciencias jurídicas, redactores de las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico, garantes de la fe pública o la seguridad jurídica, defensores de la legalidad o de los derechos de las personas y artífices o coadyuvantes de la Justicia, entre otras muchas funciones profesionales. Somos todos juristas que nos ocupamos cotidianamente de la realización practica del derecho en el devenir de las relaciones personales, sociales, políticas, económicas y de toda índole. Somos, en síntesis, quienes desde diversas perspectivas materializamos el derecho en la vida social.

Obvio es que sin juristas deviene imposible una convivencia homologable como estado de derecho. Ello explica el constante incremento de la demanda de servicios jurídicos, dadas las cada vez más complejas relaciones sociales y la mayor dificultad de comprensión del ordenamiento jurídico. Simultáneamente la ciudadanía es más consciente de sus derechos y los reivindica en mayor medida, lo que es síntoma de buen funcionamiento del propio estado de derecho. En ese contexto los juristas resultamos imprescindibles, afrontando el constante reto de actualizar nuestros conocimientos y ofrecer los mejores y más competitivos servicios profesionales.

Reconocida la importancia de todas las profesiones jurídicas quiero detenerme en la abogacía, en cuanto actividad ejercida por quienes asesoramos en derecho y somos además los únicos legalmente habilitados para defender ante el poder judicial los derechos y libertades de quienes depositan en nosotros su confianza. Con la abogacía preventiva ofrecemos el más acertado consejo jurídico, desde el conocimiento de la legalidad y el pragmatismo que confiere la experiencia. Evitamos así conflictos de futuro, contribuimos decisivamente a solucionar amistosamente controversias y, en definitiva, pacificamos la convivencia social propiciando numerosos acuerdos, transacciones extrajudiciales o laudos por las vías de la negociación entre compañeros, la mediación o el arbitraje.

La abogacía es una profesión de trascendental importancia en clave de constitucionalidad, justamente porque el asesoramiento en derecho resulta básico en el estado de derecho y porque éste sólo puede existir con las actuaciones de los abogados, que reclamando tutela judicial logramos que sean reales y efectivos los derechos de nuestros clientes.

Además el ejercicio de la abogacía es ni más ni menos que presupuesto de funcionamiento del poder judicial, que es el poder garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y la garantía del propio estado de derecho. Sin la actuación de los abogados no puede ejercitarse el derecho fundamental de toda persona a la defensa, requisito ineludible para posibilitar ese proceso con todas las garantías que la Constitución reconoce como derecho básico de la persona. Sin abogados los jueces nunca podrían realizar el valor superior de la Justicia y, por ende, sin letrados el estado de derecho quedaría en mera quimera. Será en otra ocasión cuando escriba de los abogados revestidos de toga, que no en vano es actuando ante los tribunales como proyectamos la imagen más genuina de la profesión.

Pero cuando la maquinaria judicial funciona tan deficientemente, con escandalosas carencias de medios humanos y materiales y demoras vergonzosas, parece justo resaltar que en esta coyuntura los abogados acentuamos nuestros buenos oficios y cada día logramos resolver extrajudicialmente numerosas controversias. Es una meritoria labor de negociaciones, conciliaciones, mediaciones o arbitrajes que no queda reflejada en ninguna estadística. Justo es reconocer a mis compañeras y compañeros ese valioso servicio que prestan a la convivencia social trabajando en la resolución extrajudicial de conflictos, especialmente ahora que padecemos tan profunda crisis de la administración de justicia y del propio poder judicial a causa de la irresponsabilidad de nuestros políticos.

José Joaquín Gallardo es abogado