Una treintena de trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir que aún no hemos sido despedidos queremos denunciar públicamente la absoluta indignación, desesperación y la dramática situación que padecemos ante el abandono y el trato discriminatorio que sufrimos por parte de la presidenta, María José Fernández, con quien nos reunimos el pasado viernes 27 de julio, para pedirle explicaciones ante el “silencio” sobre nuestra situación laboral.

Esta reunión entre los actuales trabajadores de la Mancomunidad y la presidenta de la entidad y alcaldesa de Lebrija se produce a petición de los trabajadores y gracias a la intervención del Director General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, que a su vez atendió a los trabajadores por intermediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras los casi dos meses de ausencia de información sobre nuestro futuro, dos meses sin saber nada sobre el procedimiento de despido colectivo o la liquidación de la entidad. Los trabajadores criticamos a la presidenta que desde el pasado 5 de junio, día en el que fuimos informados del inminente inicio de su despido colectivo, hasta la reunión de hoy no nos ha comunicado nada respecto a nuestra situación, alegando que en todo este tiempo “no ha podido hacer nada”.
Además, María José Fernández ha admitido que si con sus errores “ha beneficiado” a algunos compañeros trabajadores se “alegra” por ellos, en clara alusión a algunos trabajadores y extrabajadores afines al comité local del PSOE de Lebrija que fueron despedidos a finales del mes de mayo por la Mancomunidad y que ya están trabajando en el programa Andalucía Orienta que gestiona el Ayuntamiento de Lebrija, así como a algunos otros que previsiblemente no serán incluidos en el Expediente de Despido Colectivo. Es por ello que muchos trabajadores sospechan que, intencionadamente, el expediente de despido colectivo no se iniciará hasta el mes de septiembre, coincidiendo con el plazo justo para que no afecte a estos últimos trabajadores despedidos a final de mayo. Así se corrobora claramente lo que la propia María José Fernández dijo en su toma de posesión como presidenta de la Mancomunidad, cuando afirmó públicamente que unas de las razones por la que aceptaba el cargo era por el compromiso moral y político que tenía con algunos de los trabajadores de la entidad, cosa que parece ser que sí está cumpliendo.
María José Fernández también se permite incluir como responsables del desastre de la Mancomunidad a los propios técnicos que durante muchos años han dedicado su trabajo a los pueblos , situándolos al mismo nivel que los auténticos culpables como son el anterior presidente de la Mancomunidad, Antonio Maestre (actual Vicepresidente del Consorcio de Aguas del Huesna de la Diputación de Sevilla y recientemente nombrado Secretario de Política Institucional de la Ejecutiva provincial del PSOE), el gerente, José Antonio Navarro, (premiado con el cargo de Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir, Adelquivir), a la representación sindical de UGT en al Mancomunidad y a los propios alcaldes y alcaldesas de la comarca, entre los que se encuentra ella misma desde hace ya más de cinco años.
Los trabajadores que aún estamos contratados por la Mancomunidad queremos alertar de nuestra dramática situación pues se nos adeudan ya 12 nóminas, sin poder ni siquiera rehacer nuestra vida, cobrar el desempleo o buscar otro trabajo, puesto que seguimos atados forzosamente a un puesto de trabajo sin futuro. La presidenta de la Mancomunidad ha hecho de nuevo oídos sordos a nuestra demanda de ser tratados igual que el resto de compañeros que han sido despedidos a lo largo de estos meses de manera individual y no a través de un Despido Colectivo, admitiendo únicamente que “ha podido cometer errores”, pero que “lo siente mucho” y que, en todo caso, se alegra si con ello «ha beneficiado» a algunos.
Los trabajadores lamentamos que se haya llegado a esta dramática situación de injusticia que se ceba especialmente con los más débiles y desprotegidos, sobre todo cuando al inicio de esta crisis existían otras alternativas de viabilidad para la Mancomunidad que respondieran de manera real a las necesidades de los municipios, y que, seguramente habría supuesto un futuro digno para, al menos, parte de la plantilla.
También conviene recordar que son casi medio millar de empleados y exempleados de la Mancomunidad y su sociedad Gesalquivir a los que se les adeudan más de 3 millones de euros en nóminas y a los que se les niega la indemnización por sus años de trabajo.

Lebrija, 30 de julio de 2012