La Corporación Provincial valida el Invierte Social COVID-19 que suma otros 3 millones de euros. Chipiona recibirá 44.318,08 euros.

Además se ha aprobado la moción de La Línea 100 por 100, que insta a la Junta de Andalucía a la readmisión de profesionales de la limpieza. Se refiere a mujeres de más de 45 años y que han trabajado durante los últimos veinticinco años en la Escuela Infantil Atunara y Rocío Jurado de Chipiona, así como a otras en situación analógica, cumpliendo las diferentes sentencias al respecto ya dictadas.

El Pleno de Diputación ha aprobado por unanimidad dos iniciativas públicas que suman nueve millones de euros para los municipios de la provincia de Cádiz. Uno de los instrumentos resueltos es un programa clásico: el Plan Provincial de Obras y Servicios, si bien se ha empleado una novedosa fórmula para recuperar actuaciones inconclusas –alguna de ellas data incluso de 2014- y plantear un modelo que permita mayor agilidad en la ejecución de próximas ediciones. La otra intervención, el Plan Invierte Social COVID-19, es de nuevo cuño y es una de las diseñadas por el gobierno que preside Irene García para contrarrestar los perjuicios causados por la actual pandemia.

El responsable del área de Desarrollo Local de Diputación, Manuel Chacón, ha defendido la modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios. El objetivo de esta revisión consiste en sacar adelante, antes de que termine el año 2021, un centenar de actuaciones en infraestructuras y servicios públicos de más de 40 municipios. Esta movilización de recursos, que supera los 5,9 millones de euros, permitirá un millar de empleos directos, según la argumentación expuesta al Pleno por parte de Manuel Chacón.

Los 43 ayuntamientos destinatarios, tras aportar la documentación inherente a las obras, podrán recibir el 70 por ciento de la financiación antes de que finalice el presente 2020; el 30 por ciento restante se librará en el próximo ejercicio, cuando se resuelva la ejecución y justificación de las actuaciones.

El responsable de Bienestar Social de Diputación, David de la Encina, expuso el alcance de otra de las intervenciones respaldadas por el Pleno: el Plan Invierte Social COVID-19, con el que se transfieren tres millones de euros a los 45 municipios de la provincia de Cádiz. De la Encina explicó que se trata del segundo programa de ayudas sociales extraordinarias aplicado por Diputación desde la declaración del estado de alarma (el primero, destinado a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, supuso dos millones de euros de inversión). En el Plan Invierte Social COVID-19 Chipiona recibirá 44.318,08 euros.

El Plan Invierte Social COVID-19 se nutre del superávit del presupuesto de Diputación de 2019, concretamente del 20 por ciento de dicho saldo que puede dedicarse conforme a la legislación en vigor. De la Encina expuso que este fondo permitirá compensar el desembolso asumido por los ayuntamientos en una diversidad de emergencias sobrevenidas: por adquisición de equipos de protección, atención a colectivos vulnerables o refuerzo del personal de servicios sociales comunitarios, por referir algunos ejemplos. El diputado de Bienestar Social recordó que Diputación, desde la irrupción de la crisis, ha concretado diferentes iniciativas con una inversión agrupada que supera los 26 de millones de euros.

El vicepresidente segundo de Diputación y responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, defendió dos propuestas que también recibieron la aprobación unánime del Pleno. El primero de estos planteamientos fue la propuesta de acuerdo, con el Ayuntamiento de El Bosque, para la cesión de uso de la finca El Imperio. Este acuerdo ya fue validado por el citado ayuntamiento, titular de un bien en el que se podrán desarrollar programas de educación ambiental, agrícolas y ganaderos, según expuso Mario Fernández. Se establece un plazo de cesión de 15 años que obliga a Diputación al pago de un canon anual de 40.000 euros.

El vicepresidente segundo también logró que prosperase la adhesión de la Diputación de Cádiz a la Red de Entidades Locales para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En el Pleno también se dieron a conocer índices y resultados que revelan la situación económica de Diputación, conforme a los datos liquidados de 2019. El responsable del área de Servicios Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, dio cuenta del cierre del anterior ejercicio “en el que se invirtieron más de 191 millones de euros en la provincia de Cádiz”. El grado de ejecución de los ingresos se cifra en un 75% y el de gastos en un 77%. Se alcanzó un superávit de 23,5 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales superó los 44 millones. La deuda viva (que mide la deuda pendiente en relación a los ingresos corrientes) se sitúa en un 33%, “setenta puntos menos que en el año 2015”, según indicó Ruiz Boix, quien también refirió que la inversión del año pasado superó el límite de la regla de gasto en cuatro millones de euros.

Ruiz Boix también citó el periodo medio de pago que en diciembre de 2019 se situó en 19 días. Este dato evoluciona favorablemente en el actual 2020 y, de hecho, en abril se redujo hasta los 12 días.

Dos de las propuestas defendidas por el diputado de Servicios Económicos, de índole tributaria, fueron respaldadas por unanimidad: el convenio de recaudación con el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y la encomienda aprobada por nueve ayuntamientos para que Diputación gestione sus sanciones administrativas (y que se suman a otros cinco que ya confiaban dicha gestión a la institución provincial). Los ayuntamientos que se incorporan son los de Jerez, Los Barrios, Tarifa, Paterna, Medina, Grazalema, Arcos, Bornos y Alcalá del Valle.

La unanimidad se quebró en la propuesta sobre el cese de la actividad educativa en la Institución Provincial Gaditana. El diputado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, explicó las razones que obligan a Diputación a denunciar el convenio que se mantiene con la Junta de Andalucía para el sostenimiento de este centro. Un acuerdo que no puede renovarse, según argumentó Moreno por una convergencia de causas: por la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria de un bien del que reclama su reversión y por imposibilidad jurídica, al carecer Diputación de competencia en materia educativa. A esos factores se le suma la ausencia de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, pese a las comunicaciones establecidas al respecto por Diputación.

La propuesta de cese de actividad en la IPG obtuvo los el respaldo de PSOE y La Línea 100% y los votos en contra de PP, Adelante Cádiz, IU, Ciudadanos y Andalucía por Sí.

Proposiciones

En el capítulo de proposiciones, cada grupo ha elevado una sola moción a Pleno por acuerdo de la Junta de Portavoces, de las que se han aprobado cinco de la siete sometidas a votación, en su mayoría relacionadas con políticas sociales.

Un asunto que ha acaparado gran parte del debate, con tres mociones presentadas por los grupos Andalucía por Sí, Ciudadanos y Partido Popular, aludía al uso de superávits de las administraciones locales y la flexibilización de la regla de gasto para paliar consecuencias de la pandemia. El grupo Socialista ha propuesto, sin éxito, que se sustituyeran los tres textos por una única propuesta que resumiera el sentir general de todos los grupos, avalando institucionalmente el documento llamado ‘Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local’, acordado por la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, el pasado 22 de mayo.

Finalmente se han votado todas las mociones, tras debate común, y las de Ciudadanos y Partido Popular no han prosperado. Sólo ha sido aprobada, por unanimidad, la propuesta de Andalucía por Sí, que solicita “exigir al Gobierno de España el uso del remanente de tesorería de 2019 en aquello que los gobiernos municipales consideren necesario para una mejor lucha contra los efectos del Covid19; mostrar apoyo a la posibilidad de ampliación provisional de las competencias municipales de cara a la dinamización económica de las empresas del municipio y dar traslado de estos acuerdos al gobierno de España, a la FEMP y a la FAMP”.

También la proposición del grupo Izquierda Unida, relativa a la renta mínima de inserción, ha sido apoyada por todos los grupos, excepto La Línea 100 por 100, el grupo Popular y l
Ciudadanos que se han abstenido. En la misma se solicita, debido a las condiciones de especial necesidad que ha generado la crisis sanitaria, que la Junta de Andalucía apruebe todas las solicitudes pendientes a 31 de enero de 2020 de estas coberturas, considerando a todas las familias en emergencia o urgencia social y que se agilice el pago de estas ayudas ante la crisis social y económica a causa del COVID-19. Esta moción ha recibido una enmienda de adición del Grupo Adelante que insta además al Gobierno andaluz a modificar la normativa que regula esta renta mínima andaluza para que pueda ser compatible con el ingreso mínimo vital estatal.

Además se ha aprobado la moción de La Línea 100 por 100, que insta a la Junta de Andalucía a la readmisión de profesionales de la limpieza. Se refiere a mujeres de más de 45 años y que han trabajado durante los últimos veinticinco años en la Escuela Infantil Atunara y Rocío Jurado de Chipiona, así como a otras en situación analógica, cumpliendo las diferentes sentencias al respecto ya dictadas.

Se ha llegado a otro acuerdo de carácter social: Adelante Cádiz ha propuesto la elaboración por parte de la Diputación de un plan integral para paliar los efectos del COVID-19, con un paquete de medidas que incluyen diversas propuestas en materia presupuestaria, de líneas de crédito, de contratación de personal, de cobertura social y de empleo. La propuesta se ha aprobado por unanimidad, si bien desde el grupo Socialista, la diputada Ana Carrera ha explicado que muchas de estas acciones ya se están llevando a cabo.

Por último, el Pleno ha apoyado la moción del grupo Socialista en torno a la medida de la Junta de Andalucía de las ‘tarjetas monedero’. Se ha pedido retirar y reformular el proyecto y reforzar el sistema público de servicios sociales, pues según ha defendido el proponente esta medida es contraria a la autonomía local y la prevalencia de lo público en la gestión de las ayudas sociales.

Cádiz, miércoles 17 de junio 2020