El presidente de Diputación, José Loaiza, ha expuesto esta mañana el balance de los 100 días de gobierno afrontados por el nuevo ejecutivo provincial. Un resumen condicionado por una “herencia envenenada”, procedente del equipo de gobierno anterior, y por el saldo deudor de las administraciones autonómica y estatal: según ha precisado Loaiza la Junta de Andalucía adeuda a Diputación 10 millones de euros y el Gobierno central 23 millones. Una deuda de 33 millones que debe asumir Diputación, para no trasladar esta rémora a servicios básicos de los municipios.

“La situación no es como nos la vendían”, comentaba a los medios el presidente de Diputación; de hecho la institución provincial ha tenido que devolver a la Administración General del Estado 58 millones de euros, en concepto de liquidación de los anticipos a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los años 2008 y 2009. La elevada cuantía es producto de “la negación de la crisis”, ya que la administración central adelanta a las entidades públicas unos recursos conforme a sus previsiones: si la actividad económica efectiva no concuerda con el dinero anticipado administraciones, como la Diputación, deben asumir la devolución de fondos.

El legado económico recibido por el nuevo equipo de gobierno se refleja en los siguientes índices: la deuda de tesorería a corto plazo se cifra en 25 millones de euros; la deuda bancaria supera los 205 millones; ya se han constatado 650.000 euros de facturas sin consignación a falta de concretar el importe deparado desde los organismos autónomos “donde siguen llegando facturas sin reconocer”. El grado de ejecución presupuestaria tampoco aporta expectativas favorables: de los 316 millones de euros estimados en el presupuesto de ingresos sólo se han ejecutado 78 millones, frente a los 178 millones de euros ya contabilizados en el presupuesto de gastos. “Este desfase significa que a final de año cerraremos con déficit, pese a los esfuerzos de nuestra área de Hacienda”, ha confirmado José Loaiza.

Asuntos sociales.-

Loaiza ha recordado el trastorno ocasionado por el retraso en el pago de los recursos que materializan la Ley de la dependencia, y que compete a la Junta de Andalucía. Para el segundo semestre de este año la administración autonómica debería transferir más de 5 millones de euros y, de este montante, sólo ha ingresado poco más de un millón de euros. El importe total tendría que concretarse en una resolución, según ha explicado el presidente de Diputación, pero dicha garantía de momento no se cumple.

Esta situación parece afianzar la siguiente conclusión: las entidades locales suplen los retrasos o impagos de la administración competente. Un ejemplo de esta situación se demuestra con el sostenimiento del Plan Concertado: un programa dedicado al mantenimiento de centros sociales, la cobertura de ayudas de emergencia social e incluso la ayuda a domicilio entre otros fines. Diputación debe, en teoría, sufragar un 30 por ciento de este Plan Concertado pero en la práctica asume más del 60 por ciento. Este programa se aplica este año conforme a un presupuesto de 4´6 millones de euros de los que Diputación aporta tres millones.

Las mejoras previstas en la Residencia de ancianos de Cádiz, para la que ya se ha adjudicado el contrato para renovar la carpintería de puertas y ventanas; la construcción de la nueva Residencia de ancianos en La Línea; o el programa para la adquisición de material escolar, que ha ampliado su presupuesto hasta los 15.000 euros, son otras iniciativas emprendidas por el nuevo Gobierno de Diputación en sus primeros 100 días de mandato.

Reactivación económica.-

El presidente de Diputación ha valorado las medidas adoptadas para la reactivación económica de la provincia: los casi 3 millones de euros destinados a iniciativas para mejorar espacios industriales y comerciales, en coordinación con las organizaciones empresariales, destacan en este ámbito. A nivel institucional Loaiza también ha destacado el nuevo impulso del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Cádiz.

Un plan de apoyo específico, con un presupuesto que puede alcanzar los 6 millones de euros, se destinará al colectivo de autónomos y emprendedores. Pequeños y medianos empresarios que fundamentan otra medida contemplada por el Gobierno de Diputación y que mañana miércoles se someterá al Pleno: la solicitud de una línea de crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para enjugar la deuda con proveedores. Loaiza ha indicado que actualmente Diputación abona las obras y servicios contratados a 90 días.

La incidencia de las políticas de Diputación en los municipios con menos de 20.000 habitantes es un principio básico en el nuevo ejecutivo provincial, que se reproduce en todos los ámbitos de Gobierno: desde las actividades deportivas hasta, por ejemplo, el próximo Plan de Turismo 2012-2016 que contempla repercusiones directas en estas localidades.

La naturaleza de Diputación.-

Loaiza ha defendido la recuperación de las políticas esenciales de Diputación, concretadas en la asistencia económica, jurídica y técnica a los municipios con menos de 20.000 habitantes. “Por primera vez actuamos con economistas para asistir a los Ayuntamientos en las liquidaciones de cuentas”; un trámite obligado por la Ley de Economía Sostenible y que, de incumplirse, provoca la retención de los fondos de la Participación en los Ingresos del Estado. La mediación de Diputación en estas últimas semanas ha permitido desbloquear esta situación y permitirá que el dinero retenido se transfiera a los Ayuntamientos.

“No sobran las Diputaciones”, ha argumentado Loaiza, para defender la necesidad de una reforma en el Servicio de Asistencia a Municipios que refuerce el papel esencial de la administración provincial: garantizar la cobertura a los pequeños municipios. Junto a esta directriz general José Loaiza también ha destacado intervenciones puntuales que han resuelto graves problemas: la remodelación de la plaza de España en Arcos, por motivos de seguridad, y la paralización de desahucios en Villamartín.

Loaiza ha recordado que el Plan de Fomento del Empleo Agrario, con más de 1.700 contratos entre agosto y octubre, está reportando mejores resultados que el ejercicio anterior (en concreto se han efectuado 391 contratos más que en el año 2010), desmintiendo la recriminación que había publicado el anterior titular de Diputación, Francisco González Cabaña quien llegó a asegurar que dichos contratos no se formalizaban para incrementar, de forma deliberada, la lista de desempleados.

El presidente de Diputación también ha valorado las prestaciones del Servicio Provincial de Recaudación que, actualmente, tiene encomendada la gestión tributaria –parcial o totalmente- en 43 municipios de la provincia de Cádiz. Su mediación permite a los Ayuntamientos obtener liquidez. Un servicio y un cauce ante las entidades financieras que se abre “a todos los Ayuntamientos, sea cual sea su color político”.

“Más transparente, más austera”.-

La organización interna de Diputación y sus costes también han formado parte de la exposición de los primeros 100 días de Gobierno. El actual ejecutivo ha reducido sueldos y áreas, en un ejercicio de racionalización hacia una administración “más transparente y más austera” que ha permitido rebajar 250.000 euros con respecto a la organización política anterior. Al Pleno se someterá además una revisión del Estatuto del Personal Directivo.

Loaiza ha precisado cambios en el funcionamiento en servicios como el Parque Móvil, en el que ya no se asigna un vehículo por diputado ni se asumen alquileres de garajes ajenos a Diputación.

El presidente de Diputación ha confirmado la supresión de la Oficina del Bicentenario, a su juicio “un desastre económico” constituido como plataforma de confrontación política contra Teófila Martínez. Una Oficina que ha comportado un gasto de 2 millones de euros y que, a día de hoy, genera más de 100.000 euros en facturas sin consignar según ha declarado José Loaiza.

A la presentación del balance de los 100 días de Gobierno también han comparecido los responsables de las tres vicepresidencias –Mercedes Colombo, Bernardo Villar y Alejandro Sánchez- así como el responsable de Hacienda de Diputación, Juan Antonio Liaño.