Los Puntos de Información al Consumidor (PIC), con cobertura en los municipios de la provincia de Cádiz con menos de 20.000 habitantes, atendieron el pasado año 1.245 consultas y 1.582 reclamaciones. El público potencial de estos PIC se cifra en 160.000 personas en cuyas poblaciones no existen Oficinas Municipales de Información al Consumidor y que por tanto pueden ejercer sus derechos, como consumidores, gracias a un servicio de Diputación en el que colaboran tres entidades: UCE-Cádiz, Facua-Cádiz y Al Ándalus.

Esta fructífera y necesaria relación se ha renovado hoy, en virtud de los convenios suscritos por el presidente de Diputación, Francisco González Cabaña, y los responsables de las citadas asociaciones: Josefa Lobón, en representación de Al Ándalus; Miguel Ángel Ruiz Anillo, de UCE-Cádiz, y José Ramón Ortega de Facua-Cádiz.

Cada entidad recibe 5.000 euros por parte de la institución provincial, al objeto de que se generalice en las pequeñas poblaciones las líneas fundamentales del servicio de Consumo de Diputación: informar, orientar, asesorar y educar a favor de una ciudadanía responsable y capacitada para ejercer sus derechos. Al acto de la firma de los convenios se ha incorporado la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, CAVA-Cádiz, a través de su titular Antonio Romero Rodríguez. CAVA-Cádiz también recibe 5.000 euros, si bien esta aportación financiará actividades para fomentar la participación ciudadana así como cursos de formación para el movimiento vecinal. González Cabaña ha estado asistido, en el acto celebrado hoy, por la responsable de la delegación de Ciudadanía de Diputación, María Naval.

La colaboración establecida entre Diputación y las organizaciones de consumidores data de 2003, año en el que se constituye el Servicio de Consumo de la administración provincial. Este año el importe de los convenios se ha reducido con respecto a ejercicios precedentes, si bien todas las partes han reconocido que la crisis económica obliga a tal recorte. Sin embargo las prestaciones no se verán mermadas, según han destacado los portavoces de las entidades colaboradoras, considerando además que la propia crisis suscita nuevas reclamaciones.

González Cabaña ha agradecido el papel que ejercen las organizaciones de consumidores: “Reconocemos su trabajo y queremos facilitarle el desarrollo de dicho trabajo, respetando su autonomía y considerando que la libertad del movimiento asociativo es uno de los pilares de nuestro sistema democrático”.

María Naval detalló los resultados de otro servicio, la Junta Arbitral de Consumo, al objeto de ofrecer una imagen precisa de las aportaciones de Diputación en materia de consumo: la Junta se creó en 2001. Al año siguiente –2002- registraba 66 empresas adheridas; hoy son 2.516 las empresas inscritas en este sistema extrajudicial de resolución de controversias entre comerciantes y clientela. En el año 2009 la Junta Arbitral de Consumo resolvió 166 reclamaciones mediante laudos y otras 70 a través de mediación.