Chipiona, 28 de noviembre de 2012.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un Decreto-ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral, con el que se ordenará la suspensión cautelar durante seis meses de la tramitación de todos los suelos urbanos que no estén adaptados a esta norma. En la provincia de Cádiz, solo cinco de las quince localidades costeras se verán forzadas a paralizar todos los proyectos que se están ahora mismo tramitando y que afecten a los primeros 500 metros de la costa.

Según la Junta, Algeciras, Barbate, Chiclana, Chipiona, Conil, La Línea, Rota, San Fernando, Sanlúcar, Tarifa, y Vejer no tendrían sus planes urbanísticos adaptados a la realidad que impone el POTA.

Como principal novedad, la norma dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera. Este espacio, que ocupa un 15% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, es un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

La suspensión afectará a 52 municipios costeros de Andalucía y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento.

El objetivo del Gobierno andaluz es «frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años y no acordes con las exigencias actuales», según una nota remitida por la propia Administración autonómica.

El Plan de Protección previsto garantizará el cumplimiento de las previsiones del POTA, que limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población. En esta línea, establecerá los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento urbano para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en esos primeros 500 metros, así como en todas aquellas zonas necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades de protección.

Por su jerarquía, el futuro documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómica.

Una vez elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan de Protección del Corredor Litoral se expondrá a información pública durante un plazo no inferior a dos meses, con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales.