Chipiona, 2 de julio de 2012.- Todos los grupos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Chipiona han acordado por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a buscar soluciones para evitar la demolición de viviendas de familias de la localidad.

Al objeto de regularizar las viviendas existentes en el suelo no urbanizable, el Ayuntamiento redactó una modificación de su Plan General de Ordenación Urbana con dos objetivos fundamentales, definir los asentamientos urbanísticos existentes y regularizar las viviendas ligadas a explotación agrícola. Ahora se solicita a la Junta de Andalucía que apruebe la modificación que plantea el Ayuntamiento y que se reflejará en la aprobación provisional del expediente de modificación del PGOU referido a las Áreas Suburbanizadas.

Los grupos municipales entienden que la necesidad de regularizar las edificaciones ilegales, va mucho más allá de una medida urbanística. Es una medida social que tiene por objeto posibilitar el reconocimiento de unas construcciones existentes, que no han causado daño ecológico, ni medioambiental, cultural u otro bien protegido, que se puede considerar que cumplen con los requisitos de vivienda para albergar a una familia, y que tal y como se encuentran actualmente aboca a un grave problema social, como es dejar a más de doscientas familias sin vivienda, sin que el Ayuntamiento pueda solucionar su problema, y privando a los propietarios de su única vivienda digna, a la que tienen derecho en virtud del mandato del artículo 47 de la Constitución.

Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística y las Normas Directoras para Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma Andaluza, que establece los requisitos de los asentamientos en diez viviendas por hectárea y una población mínima en torno a los 200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas), el Ayuntamiento ha propuesto tres asentamientos: “Hijuela de Ana Flores”, “La Mosca” y “La Grajuela”.

Con relación a las viviendas ligadas a la actividad agrícola, se preveen unos criterios para la regularización que establecen condiciones de urbanización, limitándose al acceso a la finca mediante camino rural, la obligación de fosa séptica al objeto de controlar el Ayuntamiento su limpieza y no evacuación al suelo, e incluso se impone que el Ayuntamiento pueda ser responsable de su limpieza previo cobro de tasa, siempre con la finalidad de preservar el medio ambiente.

Se imponen condiciones a la edificación para que éstos no respondan a las características de las viviendas urbanas y que se integren en el contexto normal en el que se sitúan.

Se establecen requisitos para la legalización de las edificaciones existentes, tanto de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas fecales y energía eléctrica, así como la obligación de protección del impacto visual mediante plantaciones vegetales.

Se exige asimismo, y con destino a Patrimonio Municipal de Suelo el ingreso de la prestación compensatoria por la legalización de la construcción.

Actualmente nos encontramos con 23 sentencias de demolición en las que en su mayoría son viviendas ligadas a la actividad agrícola, que constituye la vivienda habitual de sus titulares, y su mantenimiento es la única posibilidad que tienen de habitar en vivienda digna.

La actual crisis económica, con la vuelta a los cultivos agrarios, recomienda tener en cuenta que la no aprobación de la modificación de mantenimiento de las viviendas que se construyeron ligadas a la actividad agrícola, lo único que se conseguiría, es producir un daño irreparable a las familias que tienen sentencia de demolición y que, dado que su edificaciones no perjudican al medio ambiente y así ha quedado demostrado en el expediente, no se conseguiría ningún beneficio público social.