Chipiona, 28 de junio de 2012.- El Subdelegado del Gobierno en Cádiz Javier de Torre, ha declarado hoy en Chipiona que la problemática de las viviendas irregulares con orden de demolición es un caso de voluntad política, ya que en otros municipios si se le ha dado solución a estas viviendas y es el gobierno de la comunidad autónoma quien tiene que solucionar este problema.

De Torre, ha destacado que el problema se planteó antes de la llegada de Antonio Peña a la Alcaldía chipionera y que fueron llevadas a fiscalía por el anterior equipo de gobierno socialista.

El Alcalde ha solicitado reuniones con las Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Gobernación de la Junta de Andalucía para dar solución “a un problema grave, desde el punto de vista social, hay que intentar que la comunidad autónoma vea la vía jurídica para conseguir paralizar la vía judicial que en estos momentos insta al ayuntamiento a derribar estas viviendas”, destacó el subdelegado.

Según el representante del gobierno central en Cádiz, la provincia se está viendo perjudicada por la situación de interinidad de los cargos provinciales, desde la constitución del gobierno autonómico, lo que agrava esta y otras situaciones de gestión ordinaria de los municipios.

En diciembre de 2011 se publicó un decreto por la Junta de Andalucía mediante el cual se crea la figura de Asimilado Fuera de Ordenación, que permitía la regularización de muchas viviendas de las consideradas ilegales, pero no dando la posibilidad de legalizar aquellas que se encuentran en una situación de sentencias de demolición.

Por su parte el Alcalde de Chipiona, ha manifestado que el Ministerio de Fomento está estudiando la posibilidad de una amnistía a las viviendas con orden de demolición.

Antonio Peña reiteró que las veintidós viviendas con orden de demolición que existen en Chipiona tienen solución, y ésta pasa por que la Junta de Andalucía las acepte como vinculadas a las explotaciones agrícolas, al igual que en Sanlúcar, que si aceptaron estas situación.