La Diputación de Cádiz y los Colegios de Abogados de Cádiz y de Jerez van a establecer una Oficina de Intermediación Hipotecaria que ofrecerá servicios de asesoramiento y mediación, gratuitos, para familias en riesgo de perder su vivienda. El funcionamiento de este nuevo medio se regula en un convenio que han suscrito el presidente de Diputación y titular de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, José Loaiza, el decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, y el vice-decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Manuel Rodríguez Piñero. Este servicio está a disposición de todos los municipios de la provincia de Cádiz con menos de 20.000 habitantes. A la rúbrica del acuerdo ha asistido el responsable de Vivienda en la institución provincial, Antonio Saldaña.

La de Cádiz es la segunda Diputación en España, tras la de Granada, en implantar esta Oficina. Y en lo que respecta a la administración municipal sólo hay dos Ayuntamientos que han constituido un servicio semejante: el de Jerez y el de Tarrasa. La Diputación de Cádiz ofrecerá las prestaciones de este nuevo medio a los municipios con menos de 20.000 habitantes (29 en la provincia *). Con los Ayuntamientos que decidan adherirse a la Oficina de Intermediación Hipotecaria se suscribirán convenios, al objeto de precisar cómo se materializan los servicios en cada localidad.

El convenio rubricado hoy estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y establece, por parte de la institución provincial, una aportación económica máxima de 50.000 euros. Esa cuantía cubre los honorarios profesionales de los letrados que realizarán las intermediaciones. Además, la Empresa Provincial de Suelo y Vivienda de Diputación designará a un empleado de su personal para que desempeñe la recepción de solicitudes, apertura de fichas personales, recogida de datos y primera recepción de usuarios.

La Oficina se dirige a los particulares que prevean el impago de cuotas ante circunstancias de insolvencia y abre un cauce de comunicación y negociación con las entidades financieras al objeto de frenar los desahucios. Los abogados adscritos a este servicio no podrán atender, privadamente, a los usuarios de la nueva Oficina.

El Consejo General del Poder Judicial en su informe ‘Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales’ concreta que en la provincia de Cádiz se ejecutaron 938 desahucios hasta el tercer trimestre de 2011. Los ejercicios precedentes evolucionaron según los siguientes índices: en el año 2008 se alcanzaron 614 desahucios; 665 en el ejercicio 2009 y 1.017 en el año 2010. A falta de contabilizar el último trimestre, parece probable que el año 2011 superará esta tendencia al alza, considerando además algunos registros aportados por la última Encuesta de Población Activa: como el que cifra en 73.900 los hogares de la provincia de Cádiz con todos sus miembros en situación de desempleo.

José Loaiza ha valorado el acuerdo al entender que beneficiará a ciudadanos que “ante la falta de medios” no pueden acceder a un profesional especializado. El convenio además suplirá la carencia de conocimientos de aquellas personas que no conozcan todas las vías de negociación que se pueden emprender ante las entidades financieras. El presidente de Diputación confía en que tras el 31 de diciembre de 2013, fecha en la que expira el convenio, no sea necesario prorrogar el acuerdo “porque se haya superado la actual situación de crisis económica”. Loaiza ha explicado que la aplicación del convenio concuerda con otros medidas de alcance –“como la dación en pago”- que ya adopta el Gobierno de España en el Código de Buenas Prácticas contenido en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo (ver BOE del 10 de marzo).

Marcos Camacho ha explicado que “la obligación de los abogados es estar en estos momentos difíciles con estas iniciativas de carácter social que priman el derecho de las familias a mantener sus viviendas”. El presidente del estamento colegial jerezano apuntó algunas de las alternativas frente al desalojo de la vivienda habitual: ampliar los periodos de carencia de los préstamos flexibilizando el importe de las cuotas, o transformar las hipotecas impagadas en contratos de alquiler, entre otros supuestos.

Rodríguez Piñero destacaba la virtud de un acuerdo que en cierta forma “restablece la función social de la abogacía, no siempre reconocida” y que también se ejerce en otras prestaciones públicas como la asistencia jurídica gratuita. El vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz indicó la intención de constituir Oficinas de Intermediación Hipotecaria en los municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes en coordinación con sus Ayuntamientos.

* Municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz: Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra.