La cosa se pone dura, sobre todo para los alcaldes que en las elecciones municipales prometieron que no se iban a derribar casas ilegales y para los ciudadanos que les creyeron. La Junta de Andalucía pretende que ya no haya excusas municipales para frenar las construcciones ilegales. Los casos más importantes se encuentran en. El Puerto de Santa María, Chiclana y Sanlúcar-Chipiona. El flamante delegado del Gobierno Andaluz en Cádiz, Gabriel Almagro, ha tenido una reunión con los alcaldes de La Janda, Costa Noroeste y Bahía, para crear un plan de actuaciones contra el urbanismo ilegal. La Junta ha sido diáfana en este tema y prestará apoyo y colaboración a los ayuntamientos en las inspecciones y anuncia nuevas demoliciones.

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A partir de ahora los alcaldes están obligados a realizar inventario de construcciones legales e ilegales para controlar el planeamiento actual y definir estrategias de cara a un futuro. El inventario tendrá además una ficha técnica de los inmuebles donde se definirá qué tipo de suelo ocupan. El expediente será básico para que la Administración tome decisiones de regular o no la vivienda. Chipiona y Chiclana son los primeros en avanzar sus planes municipales mientras que la Junta pondrá al servicio de los ayuntamientos a la Policía Autonómica y a la Guardia Civil para ayudar en las labores de inspección y las actuaciones de la Policía Local.
Los cálculos de Ecologistas en Acción llegan al número de 40.000 viviendas ilegales en la provincia .La Fiscalía de Medio Ambiente conoce esta ofensiva de la Junta para terminar con las construcciones ilegales. Ya hay 70 viviendas clandestinas con sentencia firme en la provincia para su demolición.
Gabriel Almagro, ha afirmado que la colaboración con los ayuntamientos será directa y adelantado que las estrategias para combatir el urbanismo ilegal han dado resultados en los últimos once meses ya que las construcciones han disminuido. Los planes de inspección evitarán cualquier movimiento sin control de ladrillos y permitirá, al mismo tiempo, que una construcción ilegal tome forma y sea ocupada.
La Junta ha advertido que habrá más demoliciones en la provincia, sobre todo, de aquellas construcciones que sea imposible legalizar. Así habrá más control sobre las licencias de obra. La Junta explica que se agiliza el trámite para tirar una vivienda clandestina. De este modo, en el plazo de un mes, se puede derribar, en demolición express, una casa que no esté ocupada.