Más de 1.000 personas se manifestaron ayer por las calles de Chipiona para pedir soluciones contra las sentencias de demolición de sus viviendas ilegales. La manifestación estuvo convocada por la Plataforma Anitiderribo con el apoyo de la Junta de Asociaciones y colectivos vecinales de afectados de otras poblaciones vecinas como Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Chiclana. La manifestación terminó de forma pacífica con una concentración ante el ayuntamiento de Chipiona en la que los afectados leyeron comunicados y expresaron sus reivindicaciones para legalizar sus viviendas.
Los manifestantes atribuyeron todos sus males al actual alcalde, el socialista Manuel García, a quine acusan de enviar a la fiscalía los expedientes de obras ilegales. Por vez primera desde que el socialista García obtuviera la mayoría absoluta ha recibido la contestación en forma de manifestación de un importante colectivo de chipioneros de diversa procedencia y clase social o ideología en desacuerdo con su proceder en este delicado tema. De hecho gran parte del comercio se sumó a la petición de cierre desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde.
La convocatoria de esta manifestación estuvo motivada por el anuncio de la primera demolición de viviendas fijada para el próximo 1 de febrero, dentro de una veintena con sentencias de ejecución y fecha
Según los convocantes “en Chipiona hay unas 300 viviendas en esta situación que fueron denunciadas por el alcalde ante la Fiscalía, sin intentar previamente ningún tipo de medida de regularización como se está haciendo en otras localidades de la provincia, como Chiclana, donde hay más de 15.000 viviendas ilegales». Estos mismos convocantes explicaron que sus viviendas son de autoconstrucción y no están en terrenos de dominio público, vías pecuarias, espacios protegidos ni conculcan la Ley de Costas.
Por su parte el alcalde de la localidad estaba durante el transcurso de la manifestación en Sevilla, ciudad en la que asegura se reunió con responsables de la Junta que le adelantaron que el plan de incorporación de varias zona rurales a la categoría de suburbana tiene el visto bueno del gobierno andaluz por lo que muchas de estas viviendas podrá salvarse de la demolición. Atribuyó a la autoría de la manifestación a una intención claramente política de los grupos de la oposición.
Ayer mismo IU pidió en un comunicado, no facilitado a este medio, que se pidiese una moratoria en la ejecución de las sentencias para poder tener tiempo a legalizar las viviendas.